Para acceder a su puesto de juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias (39) transitó un camino poco ortodoxo. Tuvo que litigar contra el Estado porque tenía aprobada su designación pero no podía ejercer: la provincia de Buenos Aires no asignaba los fondos presupuestarios para poner en marcha ese fuero judicial.
Más de 3 años le demandó esa pelea. El reclamo de Arias —y otros 11 magistrados en iguales condiciones— llegó hasta la Suprema Corte provincial. Y en diciembre de 2003 pudo abrir las puertas de su despacho en la zona de los Tribunales de La Plata. Desde entonces, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nø 1, a cargo de Arias, recibió 2.600 denuncias de afectados por acciones del Estado, irregularidades en la prestación de servicios públicos, ejecuciones fiscales y causas por daños y perjuicios.Hasta aquí, la descripción parece copiada de cualquier juzgado provincial. Sin embargo, Arias es el magistrado que se presentó ante el presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para reclamarle en persona la entrega de medicamentos para una afiliada que tiene sida. Antes, había intentado comunicarse por teléfono, pero no lo atendieron. La paciente tenía un recurso de amparo que la favorecía, pero nadie le entregaba los remedios.
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