La jueza Olga Pura Arrabal de Canal dispuso la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al aceptar la presentación realizada por el diputado nacional Enrique Thomas, militante del peronismo disidente y aliado de Julio Cobos, quien denunció presuntas anomalías durante el tratamiento de la ley en el Congreso.
En su presentación, Thomas afirmó que los miembros de las comisiones que debían debatir el contenido de la ley no pudieron "conocer a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría", y que fue "irregular" la "constitución del quórum" para tratar la propuesta del Ejecutivo nacional. Además, en la medida judicial quedó asentado "lo intempestivo de la convocatoria a una sesión especial, con escasas horas de anticipación", que "impidió que muchos diputados, en especial del interior, tuvieran siquiera la posibilidad de asistir".
Con la aceptación de esta medida cautelar se suspende la aplicación de la denominada Ley de Medios, hasta que se registre un fallo sobre la cuestión de fondo, la nulidad o no de la norma cuestionada.
El abogado patrocinante de Thomas, el ex juez Luis Leiva, explicó que "se pidió la nulidad de la ley por inconstitucionalidad". (...) "Se vulneró prácticamente todo el reglamento interno de la Cámara de Diputados.
El pasado miércoles, otro magistrado había declarado inconstitucionales dos artículos de esta ley, a pedido del Grupo Clarín. El jefe de Gabinete Aníbal Fernández había acusado al juez Edmundo Carbone, quien dictó la medida, de no ser competente y actuar bajo presión de Clarín. Medios oficialistas publicaron que Carbone fue partícipe de dictaduras militares.
Dos días después, un juez federal de la provincia de Salta, también ordenó la suspensión de varios artículos de la legislación, dando lugar al reclamo de una organización de defensa al consumidor. De acuerdo con este fallo, la norma limitaría la oferta de radio y televisión en el interior del país.
Además, el juez Eduardo Vocos Conesa ratificó la fusión entre las empresas de televisión por cable Multicanal y Cablevisión, que había sido suspendida la semana pasada por el gobierno. Ambas empresas son del Grupo Clarín.
La Ley de Medios, impulsada por el oficialismo, reemplazó a la Ley de Radiodifusión de 1981, originada durante la última dictadura militar del país. La nueva norma obedece a los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación establecido por un grupo de académicos, medios comunitarios y organismos de derechos humanos. Su objetivo básico es impedir la formación de monopolios y oligopolios de medios de comunicación.
Aunque la idea de reemplazar la ley de Radiodifusión surge casi desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, la ley recién se envió al Congreso en 2009, tras un conflicto entre el gobierno y Clarín que aún sigue vigente. El Grupo Clarín es el multimedio más afectado por la Ley de Medios.
Fuentes: Otro fallo contra la Ley de Medios y La justicia ordena suspender la ley de medios argentina
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