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Stornelli; Carlos

LA GUERRA DE LOS BOTONES

Stornelli ratificó ante la Justicia su denuncia de un complot de policías (activos y retirados) que habrían instigado los asesinatos que conmovieron a la sociedad en las últimas semanas para desestabilizarlo. Ahora llamarán a declarar a toda la cúpula de la Bonaerense.
El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, ratificó su denuncia para que sea investigada la presunta participación de policías, jefes policiales en actividad, retirados y exonerados en el reclutamiento de menores para cometer crímenes que desestabilicen su gestión y la del gobernador Daniel Scioli. Lo hizo frente al fiscal platense Marcelo Romero, quien quedó a cargo de la investigación. Precisamente, manteniendo el detonante dentro del perímetro de la Bonaerense, Romero deslizó a los medios que citará a testimoniar para hoy a la cúpula policial, empezando por el jefe, Juan Carlos Paggi. Según el fiscal, en la audiencia Stornelli “aportó documentación útil para la causa”. Entretanto, el comisario Andrade, ex jefe de la cuestionada Dirección Sustracción de Automotores, quedó o debería haber quedado en situación de relevo, esto es, según la reglamentación vigente, sin arma reglamentaria, sin despacho, con medio sueldo y en su casa.

La investigación que debería desarrollar Romero es tratar de descubrir si existe un hilo entre los asesinatos de tres mujeres y graves heridas a una cuarta, cometidos a partir del 17 de noviembre pasado, un día después de que, según la denuncia de Stornelli, él mismo interviniera sobre los negocios ilegales que había detectado en el área de automotores. La deducción de Stornelli, a partir de descripciones de supuestos anónimos, es que los crímenes de Renata Toscano, en Wilde; Sandra Almirón, en Derqui; y Ana María Castro, en Lanús; y las graves heridas provocadas a Claudia Pitti, en Villa Bosch, es que se trató de “maniobras” encubiertas como supuestos “robos de automotor” con el fin de desatar críticas mediáticas, conmoción social, para desestabilizarlo y provocar su renuncia.

La audiencia de ratificación se extendió aproximadamente durante una hora y media, en el despacho del propio ministro, donde Romero concurrió junto con dos abogados de la fiscalía. Según revelaron fuentes cercanas a la investigación, Stornelli presentó documentación que habría reunido el reemplazante de Andrade en la polémica dirección, Carlos Alejandro Catalano, comisario inspector, de mayor jerarquía que Andrade, y notas periodísticas, entre ellas una que hacía referencia a una denuncia mediática del ex gobernador Felipe Solá y el entonces ministro de Justicia y Seguridad Juan Pablo Cafiero, en agosto de 2002, quienes aseguraban la existencia de “bandas mafiosas que agravan la inseguridad” entre las que no se descartaba la participación policial. En aquel momento, el gobierno bonaerense vinculaba dos casos, el del prestamista Marcelo Penna (que apareció esposado y asesinado de dos tiros en el parque Pereyra Iraola, el 11 de julio de 2002) y la aparición de tres hombres acribillados y decapitados, en el asiento trasero de un auto en José Ingenieros, con antecedentes por robo y narcotráfico. En ambos casos, la información oficial vinculaba los crímenes con una mano negra policial. Inclusive, en aquel momento no se descartaba la existencia de una “cúpula policial paralela”.
Fuente: Página|12
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LA GUERRA DE LOS BOTONES Viernes, 18 de diciembre de 2009 Edición impresa.
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