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Burgos; Carlos

Una detención en el caso Píparo revela una pujante industria nacional: el armado de causas.

Carlos Burgos, de 18 años, no es precisamente un angelito. Hijo de un hampón recluido en la cárcel de Olmos, ya transitó en su corta vida por cinco institutos de menores. En la actualidad habita una celda de la Unidad 9 de La Plata, acusado de ser el autor del disparo que el 29 de julio hirió a Carolina Píparo. La policía lo detuvo ese mismo día en su casa de Villa Catella. Por el momento se ignora cuál fue la punta del ovillo que con tanta celeridad guió a los investigadores hacia su persona. Pero su situación procesal se complicó en una rueda de reconocimiento, al ser identificado por una pareja que durante ese trágico jueves aseguró encontrarse en el lugar del hecho. Ahora se sabe que los presuntos testigos en realidad vieron por primera vez a Burgos en la comisaría segunda de La Plata, inmediatamente después de su arresto. Y que cuando la víctima fue asaltada, él estaba durmiendo en su hogar. Lo cierto es que las verdaderas circunstancias del caso saltaron a la luz con la confesión de otro de los siete imputados: Luciano López, de 19 años, quien conducía la motocicleta de apoyo al golpe. Según sus dichos, el agresor de la mujer fue un tal Carlos Moreno. Y –también según sus dichos– Burgos es absolutamente ajeno al episodio. En resumidas cuentas, éste tuvo la desgracia de convertirse en pieza propiciatoria de una pujante industria nacional: el armado de causas.
Ya a fines de 2007, el entonces ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco presentó una estadística inquietante: de los 29 mil presos alojados en los penales de la provincia –la cifra excluye a quienes se hacinan en calabozos de comisarías–, se calculaba que el 28 por ciento sería absuelto tras el juicio oral. Tal profecía se cumplió. Dos años y medio después, existe esa misma proporción de inminentes excarcelaciones. De acuerdo a una fuente de la Procuración, semejante capacidad anticipatoria a los veredictos judiciales es fruto de un simple razonamiento: se trata de expedientes basados en testimonios dudosos y pruebas endebles o, directamente, inexistentes. Dicho de otro modo, en el ámbito provincial hay unos cinco mil inocentes privados de su libertad debido a que la policía les fabricó una falsa acusación. Algunos fiscales y jueces de garantías son cómplices. Otros, a sabiendas de que tienen ante sí a alguien injustamente procesado, no les tiembla el pulso a la hora de dictarles la prisión preventiva. Y con una lógica perversa: “Si el acusado es inocente, lo va a demostrar en el juicio oral”.
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