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Policía Bonaerense: 6ª La Plata

El fiscal platense Marcelo Romero detuvo el lunes 17/12/12 a siete policías bonaerenses, tres de ellos ya exonerados de la fuerza, por haber torturado en octubre de 2010 a Alejandro “Chonono” Alonso, quien por ese entonces tenía 17 años, en la Comisaría 6ª de Tolosa.
Los policías detenidos por torturas son: Claudio Fabián Fuertes, Héctor Alberto Sayos, Gustavo Gonzalo Villarroel, Gastón Andrés Mónaco, Ezequiel Alberto Skalla Pedersoli, Héctor Alejandro Agostini y Alejandro Alberto Herrera.

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Cámara Penal de Tucumán

La Sala 2ª de la Cámara en lo Penal de la provincia de Tucumán está integrada por los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano.
En la causa por el secuestro de Marita Verón, luego de más de diez años de trámites por una red de trata de personas, se investigaron los delitos de sustracción, retención y ocultamiento agravado por su condición de mujer, en concurso con el delito de promoción de la prostitución y habían sido imputadas 13 personas por privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución.

El Caso Marita Verón es un proceso judicial iniciado el 8 de febrero de 2012, gira alrededor de María de los Ángeles Verón (conocida como Marita), una joven argentina de la provincia de Tucumán que fue secuestrada el 3 de abril de 2002, a los 23 años. La referencia al proceso es Caso N° 23554/2002, y el nombre del caso es David Gustavo Iñigo y otros s/Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso; Víctima, María de los Ángeles Verón.
Se presume que había sido secuestrada por tratantes de personas para obligarla a ejercer la prostitución, y que podría haber sido trasladada forzadamente a la provincia argentina de La Rioja.
Hija de Susana Trimarco y Daniel Verón, María de los Angeles Verón (concida como Marita Verón) había dejado su casa el 3 de abril de 2002 para dirigirse a una consulta médica, y de acuerdo a la descripción de un testigo habría sido secuestrada por gente que bajó de un auto rojo.
Tres días después fue descubierta por la policía en la localidad de La Ramada, a más de 30 kilómetros, usando zapatos con tacones en lugar de las zapatillas que tenía al desaparecer. Al parecer escapaba de una fiesta sexual, y los policías la habían dejado en un ómnibus que regresaba a Tucumán (?), aunque nunca llegó a su destino.
La investigación llegó hasta tres cabarets riojanos, "Candy", "El Candilejas" y "El Desafío" (hoy rebautizado "La Isla"), que operaban como tapaderas de prostitución. La Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió de esta manera: "Lugares destinados al ejercicio de la prostitución donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres incluso mediante su privación de libertad".
Una de las mujeres liberadas gracias a la investigación, declaró haberla visto en "Candy", con el pelo teñido y lentes de contacto celestes. Luego la perdió de vista, pero escuchó a la posible regente Lidia Medina de una whiskería comentar "Estos boludos la están buscando y está en España". Dicha mujer está procesada por "privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución", al igual que su hijo y la esposa del mismo.
Otras aristas de la investigación incriminaron a la tucumana Daniela Milhein, quien habría tenido la intención de llevar a Marita a Río Gallegos. Fue detenida junto a su marido y un oficial riojano transportando mujeres. Se liberó a una misionera, una cordobesa y dos bonaerenses. Se consiguieron datos sobre una red de prostitución en España de la cual se rescataron a 17 mujeres, pero Marita no fue encontrada entre ellas.

El 13 de diciembre de 2012 absolvieron a los trece imputados. La decisión alcanzó a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milhein, María Azucena Márquez, Carlos Alberto Luna, Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, Gonzalo José Gómez, Humberto Juan Derobertis, Andrés Alejandro González, Domingo Pascual Andrada, Cynthia Paola Gaitán y Mariana Natalia Bustos.

Los fundamentos de la sentencia se leerán el próximo 18 de diciembre, o sea que se tomarán una semana tratando de justificarse.

Susana Trimarco (mamá de María de los Angeles "Marita" Verón), reveló que antes del fallo había recibido una carta en la que le indicaban que uno de los imputados, Rubén "La Chancha" Ale (en referencia a Rubén Ale, el ex presidente de San Martín de Tucumán) y a quien acusa de ser uno de los autores intelectuales del secuestro de su hija, "había puesto una cantidad equis de dólares a los jueces". "Hablé con el tribunal y les mostré la carta y, por supuesto, lo negaron. Indudablemente esa denuncia no era mentira", comentó.

Pedirán juicio político a los jueces y la intervención del Poder Judicial de Tucumán.

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Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es el máximo tribunal de justicia de la República Argentina. Fue creada el 15 de enero de 1863.
La Corte es el último tribunal habilitado para impartir justicia, es decir que sus fallos no pueden ser apelados, si bien pueden eventualmente ser revisados por la misma corte mediante el recurso de reconsideración. También decide en casos en los que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley, norma administrativa o algún fallo de tribunales inferiores. Puede, por ejemplo, declarar inconstitucional (pero no nula, pues su sentencia solo es estrictamente obligatoria entre las partes en juicio) una ley aprobada por el Congreso Nacional si juzga que es incompatible con la Constitución. Este control, en realidad, es una atribución de todos los jueces argentinos según la Constitución Nacional, pero la Corte Suprema es quien lo ejerce en la última instancia (sistema difuso de control de la constitucionalidad).
Los requisitos para ser miembro de la Corte son: ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las condiciones requeridas para ser senador nacional (art. 111 C.N.). Los miembros son elegidos por el Presidente con acuerdo del Senado y duran en su cargo mientras tengan buena conducta (art. 110 C.N.). Sin embargo, la misma Constitución dispone (art. 99, inc. 4, párrafo 3º) la exigencia de un nuevo nombramiento una vez cumplidos los 75 años, y por el plazo de cinco años, pudiendo ser renovado indefinidamente. Pese a ello, esta disposición no es de aplicación, en virtud de haberse reputado inválida su incorporación por la reforma constitucional de 1994 al fallar la Corte Suprema sobre la cuestión en el caso "Fayt" (1999). En consecuencia, sus magistrados sólo pueden ser removidos de sus cargos por un proceso de juicio político, llevado a cabo en el Senado (mediando acusación a cargo de la Honorable Cámara de Diputados) y exclusivamente bajo el cargo de mal desempeño de sus funciones.

Composición actual:
Juez Presidente: Ricardo Lorenzetti.
Juez Vicepresidente: Elena Highton de Nolasco.
Ministro: Carlos Fayt.
Ministro: Enrique Santiago Petracchi.
Ministro: Juan Carlos Maqueda.
Ministro: Eugenio Raúl Zaffaroni.
Ministro: Carmen María Argibay.

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Alfonso; Horacio

Horacio Alfonso es juez en lo Civil y Comercial y quedó a cargo de dictar una sentencia de fondo en torno a la constitucionalidad de los artículos 45 y 161,referidos a la desinversión y posesión de licencias de medios audiovisuales de la ley de medios. El artículo 41, regula la transferencia de acciones, y de 161 fija el plazo de adecuación a la ley.
El Juzgado y la Cámara se mostraron siempre permeables al multimedios en un proceso cuestionado por la participación de jueces jubilados, el sorteo irregular de magistrados y denuncias por dádivas.
La extensión de la cautelar que le permite al Grupo Clarín eludir el cumplimiento de la cláusula antimonopólica de la ley de medios surgió de un expediente que se inició cuando la ley ni siquiera había sido aprobada por el Congreso. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia y, fundamentalmente, la Cámara Civil y Comercial se mostraron permeables a las demandas de la empresa, con el aval de la Corte Suprema. Primero se declararon competentes en un tipo de denuncia que suele ser resuelta por el foro contencioso administrativo, y después otorgaron una medida cautelar por más de tres años, en un caso que incluyó la participación de jueces jubilados, sorteos irregulares de magistrados y denuncias por dádivas.

El juez decidió levantar la medida cautelar que mantenía al Grupo Clarín sin la obligación de desprenderse de licencias para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, e indica que el lapso de “tres años transcurridos” por efecto de las medidas cautelares a favor de Clarín es “razonable como para que” a esta altura ya “hubiera elaborado racional, conveniente y organizadamente un programa progresivo de adecuación”.
En sintonía con el dictamen que presentó el martes último el fiscal Fernando Uriarte, la sentencia de Alfonso dice que el Poder Judicial no se debe poner a analizar “el mérito o la conveniencia” de “las soluciones legislativas” votadas por el Congreso.
El juez sumó un razonamiento interesante: la magnitud del daño hipotético que pudiera sufrir Clarín por la “desinversión” depende en buena medida de sus propios actos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) le abrió la posibilidad de practicar la adecuación voluntaria. De haber hecho uso de ese derecho, hubiera podido minimizar esos perjuicios hasta ahora discutibles y virtuales, redondea Alfonso, tal como hicieron otros conglomerados. Si Clarín porfía en no acatar la ley y la sentencia se confirma en lo principal, no podrá reclamar lo que haya perdido por esa opción.
Fuentes de la autoridad de aplicación reconocieron que no esperaban encontrarse con un fallo “tan bueno”. No confiaban en que el juez le rechazaría al Grupo Clarín todos sus cuestionamientos, sobre los cuatro artículos –41, 45, 48 y 161– de la ley aprobada hace ya tres años. Si bien mantenían la satisfacción por la decisión judicial sobre la cuestión de fondo, reconocían que la disputa judicial todavía tiene varios capítulos por delante.
Un punto curioso es que al momento de definir quién deberá pagar los honorarios de los abogados, Alfonso resuelve que tendrá que hacerlo cada uno (el Estado y Clarín) por su lado, aunque lo habitual es que el que pierde paga.

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Mossolani; Miguel Ángel

Miguel Ángel Mossolani, de 47 años, era subcomisario en el destacamento policial de Arana, ubicado en las afueras de La Plata.
El uniformado está acusado de cobrar al dueño del prostíbulo entre doscientos y trescientos pesos por mujer para evitar la clausura del local ubicado a menos de una cuadra de la comisaría.
Fue detenido el martes 4/12/12 y trasladado a la prisión federal de Marcos Paz en el marco de una causa que investiga el juez Federal Nº1 de La Plata.
La trama comenzó el 24 de noviembre, cuando la Gendarmería Nacional irrumpió en un cabaret ubicado en 131 y 637 de la localidad platense de Arana, a metros de esa seccional policial.
Mossolani está acusado de facilitar el funcionamiento de ese negocio y hacer la “vista gorda”, tarea por la que cobraba a Cardaci (el "dueño") una cifra de entre 200 y 300 pesos por mujer, que retiraba los sábados a la tarde y domingos por la noche.
El policía está acusado de concurrir personalmente en reiteradas oportunidades al prostíbulo para recaudar el dinero, garantizando el funcionamiento del local y el alerta en caso de un inminente allanamiento.
Fuentes cercanas comentaban que lo hacía para "no repartir como es usual", lo que provocó la investigación.

Fuente: Detienen a un jefe policial por proteger a un prostíbulo

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Najurieta; María Susana

María Susana Najurieta integra la Sala 1ª de la Cámara en lo Civil y Comercial.
Ya había confirmado en dos ocasiones la medida cautelar a favor de Clarín, con alusiones a la preservación del “derecho de propiedad”.

La Sala Civil y Comercial Federal Nº1 está integrada por:
Presidente: Dr. De las Carreras; Francisco
Juez: Dra. Najurieta; Maria Susana
Juez Subrogante: Dr. Farrell; Martin Diego
Secretario: Dra. Lagomarsino María Alejandra
Secretario: Dr. Carrio; Diego Marcelo
Prosecretario: Dr. Baistrocchi; Silvio Jose
Prosecretario: Dra. Pico; Magdalena

El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia estableció el 7 de diciembre de 2012 como plazo concreto para el cumplimiento integral de la Ley de Medios, incluidos todos sus artículos. Meses más tarde y escasos días de la fecha límite, el Grupo Clarín solicitó extender la medida cautelar anterior para mantener suspendida la aplicación de la Ley,3 pero la Corte Suprema rechazó ese pedido el 27 de noviembre de 2012, además de solicitar al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo, esto es, la decisión final sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.
El 6 de diciembre de 2012, la Cámara Civil y Comercial Federal nº1 decidió extender la medida cautelar interpuesta por el grupo Clarín.
La Cámara Civil, integrada por los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta fallaron a favor de Clarín, tras no hacer lugar a la recusación que había presentado la AFSCA y el ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak. Tras esta decisión, el Gobierno podría denunciar penalmente a toda la Cámara por prevaricato por haber fallado ellos mismos contra su propia recusación. De las Carreras había sido impugnado en particular, por haber recibido dádivas del Grupo Clarín, en un viaje a Miami que había sido financiado por la ONG Certal, vinculada al Grupo.

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Plá; Norma






Comisaría 28ª PF

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Comisaría 42ª PF

Durante el año 2011 y los primeros meses de 2012, la Comisaría 44ª estuvo a cargo del comisario Mario Antonio Trejo, a quien secundó el subcomisario Carlos Alberto Del Papa. A partir de una denuncia ingresada el 30 de agosto de 2012 en el Juzgado de Instrucción 20, se inició la causa 32693/12 que investiga a estos dos funcionarios y a otros siete suboficiales y agentes por la presunta comisión de los delitos contenidos en los artículos 256 y 257 del Código Penal. En lenguaje criollo, la justicia presume que estos federales cobraron por protección policial o “quintas” a comerciantes y particulares, permitiendo el ingreso de dinero mediante un sistema de recaudación ilegal “desviando recursos humanos que deben efectuar servicios de prevención del delito en otras zonas, hacia el cuidado de intereses particulares”. Lejos de poner a los responsables de estas serias irregularidades bajo la lupa preventivamente, la Jefatura policial terminó protegiéndolos destinándolos a otras dependencias. Concretamente Trejo se encuentra actualmente a cargo de la Comisaría 51ª y Del Papa de la 42ª.
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Comisaría 51ª PF

Durante el año 2011 y los primeros meses de 2012, la Comisaría 44ª estuvo a cargo del comisario Mario Antonio Trejo, a quien secundó el subcomisario Carlos Alberto Del Papa. A partir de una denuncia ingresada el 30 de agosto de 2012 en el Juzgado de Instrucción 20, se inició la causa 32693/12 que investiga a estos dos funcionarios y a otros siete suboficiales y agentes por la presunta comisión de los delitos contenidos en los artículos 256 y 257 del Código Penal. En lenguaje criollo, la justicia presume que estos federales cobraron por protección policial o “quintas” a comerciantes y particulares, permitiendo el ingreso de dinero mediante un sistema de recaudación ilegal “desviando recursos humanos que deben efectuar servicios de prevención del delito en otras zonas, hacia el cuidado de intereses particulares”. Lejos de poner a los responsables de estas serias irregularidades bajo la lupa preventivamente, la Jefatura policial terminó protegiéndolos destinándolos a otras dependencias. Concretamente Trejo se encuentra actualmente a cargo de la Comisaría 51ª y Del Papa de la 42ª.

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Comisaría 38ª PF

- Hola, Comisaría 38ª
- Pasame con el principal Rodríguez
- Rodríguez, tenés teléfono
- Hola
- ¿Qué hacés? Escuchame una cosa, pasó una diputada y vio el boliche donde están las pendejas, como esta semana hay quilombo con el tema trata en el congreso y un montón de actos, avisales que saquen a las menores y las escondan arriba.
- Ok. Tranqui que yo aviso.

La transcripción pertenece a una escucha telefónica dispuesta por la justicia a raíz de una denuncia que recayó en el Juzgado Federal 5, Secretaria 9, que investiga la Fiscalía 12 a cargo del doctor Patricio Evers, en el marco de la causa 8774/12. Si bien la diligencia judicial tenía como objetivo buscar pistas para descubrir a los responsables del robo de pistolas y revólveres del depósito de armas de la comisaría 38º, las conversaciones registradas permiten inferir a los investigadores que desde la seccional, se cometerían otros delitos, como el encubrimiento de redes de trata de personas y el cobro de coimas a delincuentes.Lamentablemente para el prestigio descascarado de una Policía Federal cada vez más connivente con el delito organizado, esta no es la única causa que aguarda en los tribunales el avance de un proceso demasiado lento para la gravedad institucional que sus
evidentes conclusiones suponen. Al menos otras tres investigaciones con abundante material respaldatorio que tramitan en juzgados de instrucción y federales de la ciudad de Buenos Aires, tienen en el centro de los cuestionamientos las actividades de tres comisarías porteñas y sus responsables, a quienes se acusa de los delitos de cohecho en perjuicio de comerciantes a los que se les habría requerido dinero a cambio de protección. Y lo que es aún más grave: los pesquisas efectuaron diversos análisis sobre las declaraciones juradas y los patrimonios de los comisarios y subcomisarios involucrados en la investigación y determinaron un notorio incremento que los denunciados tienen dificultades para justificar.
Durante el año 2011 y los primeros meses de 2012, la Comisaría 44ª estuvo a cargo del comisario Mario Antonio Trejo, a quien secundó el subcomisario Carlos Alberto Del Papa. A partir de una denuncia ingresada el 30 de agosto de 2012 en el Juzgado de Instrucción 20, se inició la causa 32693/12 que investiga a estos dos funcionarios y a otros siete suboficiales y agentes por la presunta comisión de los delitos contenidos en los artículos 256 y 257 del Código Penal. En lenguaje criollo, la justicia presume que estos federales cobraron por protección policial o “quintas” a comerciantes y particulares, permitiendo el ingreso de dinero mediante un sistema de recaudación ilegal “desviando recursos humanos que deben efectuar servicios de prevención del delito en otras zonas, hacia el cuidado de intereses particulares”. Lejos de poner a los responsables de estas serias irregularidades bajo la lupa preventivamente, la Jefatura policial terminó protegiéndolos destinándolos a otras dependencias. Concretamente Trejo se encuentra actualmente a cargo de la Comisaría 51ª y Del Papa de la 42ª.
La detallada denuncia –basada en el testimonio de personal policial recogido por la Coordinación de Fiscalización de Fuerzas de Seguridad, dependiente de la cartera que conduce Nilda Garré- incluye los lugares, las fechas y las horas en las que personal de calle de la 44ª estuvo afectado a la tarea de vigilancia en locales comerciales cuyas zonas no estaban incluidas en las cuadrículas de acción preventiva, todo lo cual permite concluir a los investigadores que las irregularidades “responden a un accionar sistemático de la comisaría en su conjunto”. Pero además incluye otras graves acusaciones como la protección de actividades ilícitas como las combis que no poseen habilitación, los puestos de venta callejera y los prostíbulos ubicados en las inmediaciones de la estación Liniers del ferrocarril ex-Sarmiento. “En la zona hay unos quinientos puestos que pagan cada uno entre 50 y 200 pesos semanales”, asegura uno de los agentes denunciantes.
Otra comisaría que no está exenta de sospechas en materia de corrupción policial, es la 7ª, que tiene jurisdicción en el barrio de Balvanera. Las denuncias llegaron, en este caso, al Juzgado de Instrucción 1, a cargo del doctor Hernán López y fueron tan contundentes que configuraron otra causa, la 32688/12, donde se investiga al comisario Luis Alberto Poggi, a los subcomisarios Claudio Lucione,  Osvaldo Tapia y Elio Tobarez y a cinco oficiales y suboficiales de la dependencia por el presunto delito de “cohecho”. Todo se inició en junio de 2012, cuando el ministerio de Seguridad recibió una serie de denuncias que involucrarían a estos funcionarios con el “cobro a los comercios y galerías de importadores chinos donde se venden indumentarias de marcas falsificadas”. Los detalles y precisiones sobre los lugares de cobranza y el nombre de los cobradores es tal, que la cartera presentó la correspondiente denuncia judicial en la que consta que el personal policial “cobra 500 pesos por cada container con mercadería falsificada que ingresa en la zona, habiendo visualizado hasta 25 por día”.
También en la causa hay un informe de la Unidad de Políticas de Transparencia del ministerio consistente en un análisis de las declaraciones juradas y legajos del personal policial investigado. En el documento consta que “del análisis de la información surgen inconsistencias entre los ingresos percibidos por los agentes policiales y el patrimonio adquirido”. El caso más interesante es el del comisario Lucione, que ingresó a la PFA en 1975 y que entre 2008 y 2011 estuvo en la comisaría 7ª, pasando luego a revestir como segundo jefe primero y jefe después de la 17ª. “De la lectura conjunta del legajo personal y sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción surge claramente un importante incremento patrimonial”. Entre los detalles más curiosos que destaca el informe, aparece la adquisición de una casa de 1100 metros cuadrados en Cariló ubicada en la calle Fresno, a metros del Golf y rodeada de bosque. Según declara Lucione, la adquirió en agosto de 2008 por un valor de 219.000 pesos, equivalentes a 76.000 dólares a esa fecha (unos 70 dólares el metro cuadrado), un valor sensiblemente inferior al precio de mercado. ¿Cómo justifica haber obtenido ese dinero con un ingreso que  -a junio de 2012- ascendía a los 13.600 pesos? “En el año 2006 informa haber vendido el 1 de enero (sic) parte de un inmueble en el barrio de Mataderos cuya adquisición no había informado previamente, justificando de este modo un ingreso de dinero a su patrimonio por 40 mil pesos. También informa haber vendido parte de otro inmueble en Mataderos cuya adquisición tampoco había informado con anterioridad, justificando una suma de 35 mil pesos”, sostiene el informe. Y lo más insólito: declara haber recibido una “donación” de 80 mil pesos y la tenencia de otros 120 mil pesos provenientes de “ingresos propios”.
Al que tampoco le fue nada mal con su salario policial es al subcomisario Tapia quien con su salario actual de 11.700 pesos, declaró en 2010 tener una embarcación Day Cruser, un departamento de 55 metros cuadrados en Capital Federal y un automóvil cero kilómetro marca Peugeot 207. Y qué decir del comisario Poggi quien declaró en 2006 haber adquirido un inmueble de 900 metros cuadrados en la localidad de La Reja por 70 mil pesos, consignando como origen de los fondos otra “donación” y al año siguiente compra un Fiat Idea 0 kilómetro por 48 mil pesos con “ingresos propios”. Finalmente en 2009, Poggi y su esposa declaran la compra de una casa en el Country Club El Moro de 4372 metros cuadrados por la que dicen haber pagado 224 mil pesos.
La última de las causas relevadas tramita en el juzgado federal 11 y se originó con una denuncia realizada el 2 de julio de 2012 contra los responsables de la Comisaría 28ª, con jurisdicción en Parque Patricios. Los involucrados son los comisarios Osiris Catalán y Walter Rodríguez; los subcomisarios Marcelo Méndez y Daniel Lobos; y seis oficiales y suboficiales que cumplen funciones en la dependencia. Todos ellos están acusados de cobrar protección a los comercios y liberar zona para el accionar de la barra brava de Huracán cuando el equipo juega de local en el Palacio Ducó.

Fuente: Comisarios ricos en una ciudad insegura

Comisaría 5ª PF

Los policías denunciados son: el sargento primero Marcelo Soria, quien está hace 22 años en esa comisaría y actuaba como una suerte de administrador de las "quintas" y tiene denuncias de otros suboficiales, a quienes les exigía dinero amenazándolos con cambiarles los horarios; los comisarios Jorge Baldo, Gustavo Galera (ahora el jefe de la delegación Mar del Plata) y Tomas Cowes, en la seccional desde mayo; y un subcomisario de apellido Haspert. En los próximos días podrían ser imputados más policías.
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Comisaría 38ª PF

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Russo; Sandra

Sandra Russo (Buenos Aires, 29 de abril de 1959) es una periodista, escritora y editora argentina.
Escribe en el diario Página/12 y participa del programa televisivo 6, 7, 8, que se transmite por la TV Pública de la República Argentina.
En 1975 se recibió de bachiller. En 1976 (el año del golpe) empezó a estudiar Sociología. La presión de la dictadura la llevó después a estudiar Letras, más tarde al Conservatorio de Arte Dramático (en Buenos Aires). En 1984 (la democracia había retornado en diciembre de 1983) Russo comenzó la carrera de Comunicación, de la que hizo más de la mitad. En ese entonces hacía muchos años que se ganaba la vida como periodista. La carrera dejó de interesarle y no la terminó.
Sus primeros desempeños en el campo periodístico, dentro de los medios gráficos, se remontan a los años setenta. En 1977 (a los 19 años de edad y en plena dictadura) estuvo brevemente en la revista contracultural de rock El Expreso Imaginario («que era algo así como el nirvana»). Ese mismo año entró a trabajar en la revista Humor («un fenómeno editorial maravilloso») como correctora. Después fue prosecretaria de redacción de la revista Superhumor («una revista de la misma editorial en la que trabajaban los mejores historietistas»). Antes de irse de la editorial La Urraca, tuvo una columna de juventudes políticas en Humor.
Durante los años ochenta pasó por la televisión, en el programa Cable a tierra conducido por Pepe Eliaschev. También por el espacio radiofónico, participando de los programas de Enrique Vázquez (en Radio Belgrano), y de Mona Moncalvillo (en Radio Splendid).
Con la creación del diario Página/12 en 1987, se dedicó nuevamente a los medios gráficos, y continúa en ese periódico. Allí primero fue redactora de Política Internacional, después subeditora de esa misma sección; más tarde editora de la revista Página/30, editora de Información General y simultáneamente columnista de la sección Contratapa. Luego fue editora general de la revista Luna, de Editorial Perfil. Al cabo de un año regresó a Página/12 y se hizo cargo durante 5 años del suplemento femenino Las/12, además de desempeñarse como editora de Cultura y Espectáculos.
En 2006 volvió a la radio, junto a Lalo Mir, en su programa Animados, por Radio Mitre. En 2007 la periodista regresó a la televisión, coconduciendo con Boy Olmi el programa Dejámelo pensar, por Canal Siete. En 2010 condujo el ciclo diario El nombre de las cosas por Radio Nacional, con la periodista Nora Veiras y otros columnistas, hasta el 27 de agosto de 2010.
Desde 2009 hasta la actualidad participa como panelista en el controvertido programa de televisión 6-7-8, en Canal Siete, junto con Orlando Barone, Carlos Barragán, Luciano Galende, Cynthia García, Cabito Massa Alcántara, Edgardo Mocca, Mariana Moyano, Dante Palma y Nora Veiras. Sigue escribiendo en Página/12.

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