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Cámara de Casación Penal

La Cámara de Casación Penal integrada por Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, están sospechados de haber sido tentados con sobornos para habilitar la excarcelación de José Pedraza.
Los tres aparecen mencionados en escuchas telefónicas que en mayo último llevaron al fiscal Sandro Abraldes a plantear que no se puede descartar que “hayan tenido participación en los hechos, sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza”.
En mayo último, Abraldes pidió cinco indagatorias y detenciones por cohecho (coimas) y tráfico de influencias: la del titular de la UF, José Pedraza, y el número dos de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quienes habrían ofrecido y entregado dinero a los intermediarios Octavio Aráoz de Lamadrid (ex juez federal subrogante) y Juan José Riquelme (agente de la Secretaría de Inteligencia, desplazado tras este escándalo). El quinto hombre era el secretario Luis Ameghino Escobar (h), quien trabajaba en la oficina de sorteos de Casación y estaba en contacto con Aráoz de Lamadrid. La fiscalía se basó en escuchas telefónicas de las que surgía, dictaminó, que el objetivo era que las apelaciones de los detenidos por el asesinato no fueran tratadas durante la feria judicial del verano pasado; que saliera “sorteada” para quedarse con la causa la Sala III de Casación (lo que ocurrió), y finalmente comprar las voluntades de los jueces. Si bien Pedraza fue detenido después de la patota, se sospecha que habría apostado a golpear la investigación principal para evitar que lo alcanzara a él.
Aquí dice que: Mitchell fue partícipe necesario en la apropiación de bebes en la época de la dictadura y hoy, como juez de la Cámara Nacional de Casación: niega las salidas transitorias a "la Galle", compañera presa por luchar; impide el esclarecimiento de la identidad en el caso Herrera de Noble; y otorga beneficios a genocidas ya condenados, como Roberto Albornoz y Luis Armando De Candido, condenados por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Wagner Gustavo Mitchell. Juez que fue una pieza fundamental en el engranaje del robo sistemático de bebes, en la dictadura, denunciado por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio de 1976 al subcomisario Osvaldo Parodi, policía fue uno de los que participó del operativo en el que fue desaparecida Sara Méndez, la madre del bebé llamado Simón Riquelo. Mitchell se hizo conocido por firmar la resolución que suspendió el trámite de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y puede intervenir en la causa por robo sistemático de bebés.

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