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Herrera; Marta

La jueza Marta Herrera tiene un historial de conflictos con el Ejecutivo que se remonta a los últimos años de la gestión Menem, cuando su nombre apareció en un pedido de juicio político alrededor del cual aparecieron figuras desconocidas para el público de entonces, pero de gran relevancia en la actualidad.
Comenzó en 1997, cuando ella y los otros jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmaron un fallo de primera instancia y anularon el decreto por el cual el gobierno de Carlos Saúl Menem privatizó los aeropuertos de la Argentina. Los fallos habían surgido a partir de un recurso de amparo interpuesto por legisladores de la oposición, entre quienes se encontraban Elisa Carrió (todavía en el radicalismo) y Patricia Bullrich.
La primera reacción del Gobierno fue ignorar el fallo mediante un decreto de necesidad y urgencia que continuó con el plan de privatizaciones. Al año siguiente, los diputados del justicialismo pidieron el juicio político de diez jueces federales que habían intervenido en causas, entre los que se encontraban Herrera y la magistrada cuya decisión contra el uso de reservas confirmaría doce años después, María José Sarmiento.
En ese momento, el oficialismo afirmó que Herrera y a los otros jueces "reconocieron legitimación procesal a quien no la tiene, simularon una causa judicial cuando no la hay, interpretaron con aviesa intencionalidad política cláusulas constitucionales y procesales, además de pretender alterar el sistema político intentando establecer un ámbito que reemplace al Congreso nacional". El legislador que encabezó la acción en contra de estos jueces fue el entonces vicepresidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados y actual senador nacional por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto.
Posteriormente y como parte de la Cámara de Apelaciones, Herrera falló en 2002 contra la "ley tapón" por la cual el gobierno de Eduardo Duhalde buscaba impedir la salida de depósitos bancarios inmovilizados por el corralito, y en 2008 concedió indemnizaciones a familiares de víctimas del atentado contra la AMIA, argumentando que "el Estado fue el principal encubridor" del ataque contra la mutual judía. Además, a finales de ese año declaró nula una resolución de la AFIP que obligaba a los administradores de consorcio a proveer información sobre los propietarios de los inmuebles.
Fuente: Quiénes son las juezas que fallaron en las causas del BCRA
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