Leandro Despouy es el titular de la AGN (Auditoría General de la Nación).(San Luis, 4 de abril de 1947) es un político, abogado, defensor de los derechos humanos y docente argentino miembro de la Unión Cívica Radical.
Desarrolló una intensa carrera diplomática a nivel internacional, fue la primer persona en denunciar internacionalmente el accionar de la Triple A, ocupó la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (actualmente denominada Consejo de Derechos Humanos).
Se destaca además por su faceta intelectual, siendo autor de numerosos libros, artículos y documentos, en especial de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Humanitario. Su gran amor por la lectura lo ha convertido en un escritor detallista y cuidadoso; confiesa que la literatura es el arte que más lo apasiona y que le gustaría dedicarle más tiempo a la ficción.
Debió exiliarse en Francia entre 1975 y 1983, producto del terrorismo de estado imperante en Argentina durante esa época.
Desde el año 2002 preside la Auditoría General de la Nación, órgano estatal autónomo encargado del control del manejo de fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo.
Desde este último cargo emitió documentos muy críticos sobre el manejo y el control de fondos por parte del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después.
Afirma que "la Argentina carece de una cultura del control" al hablar de la importancia de su labor como presidente de la Auditoría.
El 28/03/12, se dio a conocer un duro informe sobre el manejo de los recursos de la Administración de Programas Especiales (APE) destinados a la atención de beneficiarios de las obras sociales sindicales, donde se denunció un millonario fraude en perjuicio del Estado. La auditoría descubrió pagos realizados por tratamientos de alto costo a nombre de afiliados fallecidos, otros que nunca recibieron atención, y la existencia de “troqueles falsos” como comprobantes de medicamentos que supuestamente debieron ser entregados a pacientes con afecciones crónicas, entre otras irregularidades. Aprobado por unanimidad, el informe reveló que entre 1999 y 2010, las obras sociales nunca rindieron presuntas erogaciones por 700 millones de pesos, monto que se concentra en su mayoría en sólo diez organizaciones pertenecientes a gremios. Las más de 400 páginas con documentación y pruebas serán ahora elevadas al Congreso y a la justicia penal, que viene investigando la denominada “mafia de los medicamentos”.
Al tope de las irregularidades, la AGN señaló a la Obra Social de Camioneros –una de las más beneficiadas en la cantidad de recursos–; a la Bancaria –con los casos más representativos de ilícitos–; y la de Gastronómicos, que conduce Luis Barrionuevo. También algunos casos emergentes de la muestra auditada impactaron en las obras sociales de UOCRA, del Ministerio de Economía, de UPCN y de la UATRE, dirigida por Gerónimo “Momo” Venegas.
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